TRADUCE GEMMA TORNERO
La noche del viernes y la madrugada del sábado, vi las noticias y revisé las redes sociales mientras se difundían noticias de explosiones en Caracas. Me dormí sin saber qué me depararía la mañana. Horas después, con los ojos vidriosos y medio ciego sin gafas, me desperté con titulares que anunciaban que el gobierno de Trump había capturado y arrestado al presidente venezolano Nicolás Maduro en la llamada “Operación Resolución Absoluta”, trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. La repentina destitución de Maduro está siendo celebrada por los venezolanos en el extranjero y recibida con una mezcla de alivio e inquietud dentro del país. Pero más allá de esas reacciones, hay una implicación mucho más preocupante: Venezuela no será el fin.
Y lo digo en múltiples sentidos, tanto nacionales como internacionales. Donald Trump ha dejado muy claro que pretende actuar por encima de la ley. Según la legislación estadounidense, es el Congreso quien autoriza la guerra, no el presidente actuando unilateralmente. Para quienes insisten en que la operación del sábado no fue un acto de guerra, el derecho internacional es mucho menos indulgente. La captura forzosa del jefe de otro Estado constituye un uso de la fuerza prohibido por el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las disputas de reconocimiento no crean lagunas legales. Incluso si el gobierno alega que Maduro no era el presidente legítimo, el derecho internacional consuetudinario, el principio de igualdad soberana y la doctrina de no intervención dejan claro que la soberanía no puede ser violada sin legítima defensa o autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU, ninguna de las cuales aplica en este caso.
Estados Unidos tiene un largo y problemático historial de intervenciones en el extranjero, pero esta acción no tiene precedentes, especialmente considerando que Trump indultó recientemente a Juan Orlando Hernández a principios de diciembre de 2025, ex presidente de Honduras, quien cumplía una condena federal estadounidense tras ser declarado culpable de conspirar con importantes narcotraficantes y utilizar el aparato estatal hondureño para facilitar el flujo de cocaína a Estados Unidos. Que la misma administración ahora se arrogue autoridad moral y legal para secuestrar al líder en funciones de otro país por motivos de narcotráfico es una contradicción tan flagrante que debería hacer sonar las alarmas en todo el sistema internacional.
Esta medida proviene de una administración que ha violado repetidamente la Constitución y el estado de derecho, deportando a personas desafiando órdenes judiciales federales y suspensiones judiciales, socavando las protecciones del asilo y el debido proceso, y atacando abiertamente a los jueces que fallan en su contra. Ha desmantelado o vaciado agencias federales sin autorización del Congreso, marginando a funcionarios de carrera mediante despidos masivos y pruebas de lealtad, reactivando los esfuerzos para reclasificar a miles de empleados federales para despojarlos de las protecciones del servicio civil y depurando a los inspectores generales encargados de la supervisión y la rendición de cuentas.
La administración ha desplegado fuerzas federales y la Guardia Nacional de maneras que han suscitado serios cuestionamientos legales sobre los límites de la autoridad ejecutiva, al tiempo que ha incurrido en un nepotismo flagrante al colocar a familiares y aliados políticos cercanos en puestos de influencia. Todo esto se ha desarrollado junto con el uso rutinario de la presidencia como vehículo para el enriquecimiento personal y familiar, desde la canalización de asuntos gubernamentales hacia propiedades de Trump hasta el aprovechamiento de cargos públicos para obtener beneficios financieros y políticos privados.
Lo que todavía me atormenta es el artículo de Vanity Fair, un perfil en dos partes del periodista y autor Chris Whipple titulado “Susie Wiles, J.D. Vance y los ‘perros del desguace’: El jefe de gabinete de la Casa Blanca sobre el segundo mandato de Trump”. Publicado a mediados de diciembre de 2025, se basó en 11 entrevistas oficiales con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles. El artículo fue ampliamente ridiculizado en redes sociales como comedia, un guiño cómplice a verdades que muchos ya presentíamos, con sus personajes caricaturizados y dejados de lado en broma, pero en retrospectiva se lee menos como un chisme interno y más como una señal de alerta. Wiles afirma claramente que Donald Trump opera con la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada. Cero. Nada. Un presidente en funciones que cree que no hay límites no proyecta fuerza. Anuncia peligro, anarquía e impunidad.
Para Donald Trump y su camarilla de mecenas adinerados, tanto dentro como fuera de su gabinete, la idea misma de la rendición de cuentas resulta ajena, una creencia que, en casi todos los aspectos, se ha visto reforzada en lugar de cuestionada. Pero reconocer esa realidad implica afrontar otra. Venezuela no será el fin, ni mucho menos. Siempre que Trump necesita una victoria política rápida para satisfacer su exigencia de ego y legitimidad, ya sea internacional o nacional, ha demostrado que la aprovechará por cualquier medio. Al diablo con la lógica, la estrategia, la visión y la responsabilidad política. Después de todo, se trata del mismo hombre que presionó a un gobernador para que “encontrara” votos para anular las elecciones de 2020, conducta detallada con pruebas contundentes y reforzada por el reciente testimonio ante el Congreso del fiscal especial Jack Smith, y que ha buscado constantemente desviar el escrutinio de las preguntas sin resolver en torno a los archivos de Jeffrey Epstein. Varios incidentes recientes ponen al descubierto este estilo de gobierno irracional e impulsivo, incluyendo la prisa por presentar la violencia en el extranjero como teatro político en lugar de diplomacia sobria, y gestos vanos en casa disfrazados de patriotismo, como las muy publicitadas bonificaciones de 1776 dólares, supuestamente derivadas de aranceles y otorgadas a militares, que luego se reveló que eran subsidios de vivienda reestructurados que ya tenían derecho a recibir. Cada episodio sigue el mismo guion: espectáculo sobre sustancia, simbolismo sobre estrategia, distracción en lugar de rendición de cuentas.
No necesitamos una lección de historia ni otra invocación ritual a los horrores del pasado. Ya está escrito: sabemos lo que sucede cuando los autócratas no se controlan y cuando las ambiciones imperialistas inevitablemente chocan con la realidad.
La forma en que nuestros funcionarios electos, y los estadounidenses en general, respondan ahora, y si lo hacen, determinará lo que vendrá después. Tal vez sea Groenlandia. Tal vez México. Tal vez Canadá. Tal vez sí haya un tercer mandato después de todo, o el arresto de oponentes políticos y disidentes. ¿Por qué no? La ley ya no parece funcionar como baluarte, barrera o elemento disuasorio significativo para esta administración y sus caprichos.
Algunos congresistas de ambos partidos han comenzado a expresar su preocupación tras la operación de la administración para capturar a Maduro, y el debate se ha centrado principalmente en líneas partidistas. Los demócratas han planteado objeciones con poco énfasis en la rendición de cuentas, lo que equivale más a una fanfarronería performativa que a consecuencias. Los republicanos han apoyado en gran medida la operación, a menudo para apaciguar a Trump y promover sus propias ambiciones, aunque un número menor ha cuestionado su alineamiento con la proclamada agenda de “Estados Unidos Primero” del presidente. Otros, agotados por el caos diario, optan por abandonar el Congreso en lugar de afrontar las consecuencias de denunciar.
Sin embargo, sin una verdadera rendición de cuentas, Venezuela no será el último episodio de anarquía y caos que presenciemos. Y sin ánimo de parecer hiperbólico o paranoico, lo que viene a continuación podría ser mucho más siniestro.
Jared O. Bell, PhD, colaborador de PeaceVoice, es un ex diplomático estadounidense y experto en derechos humanos y justicia transicional, dedicado a promover la equidad global y la reforma sistémica.
