“Todos los estadounidenses incluidos los votantes latinos tienen el derecho constitucional de emitir su voto sin temor a interrogatorios, detenciones o la separación de sus familias”, dijo Janet Murguía.
Los demandantes representan a millones de votantes en todo Estados Unidos.
TRADUCE GEMMA TORNERO
Washington, D.C. — A principios de septiembre, la organización de derechos civiles para latinos más grande y antigua de Estados Unidos, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) —junto con Common Cause (una organización de defensa del derecho al voto con casi un millón de miembros), UnidosUS (la mayor organización hispana de defensa y derechos civiles del país, con más de 300 organizaciones afiliadas a nivel nacional) y la ciudad y el condado de Denver, Colorado— presentaron una demanda para impugnar la política de la administración Trump-Vance que autoriza a agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a ingresar a los centros de votación para llevar a cabo operaciones de control migratorio durante las elecciones de mitad de mandato de 2026.
La demanda cuestiona una política confirmada y aclarada por el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, el 1 de septiembre, cuando afirmó que los agentes del ICE podían entrar en los centros de votación para ejecutar órdenes judiciales o realizar otras actividades de control migratorio y aduanero. El recurso legal explica que dicha política viola, entre otras normas, una ley federal que prohíbe desde hace más de 150 años el envío de personal federal armado a los centros de votación, y sostiene que la presencia de agentes armados resulta intimidante y amenazadora.
La demanda se presenta justo cuando está previsto que comience la votación anticipada en varios estados a finales de este mes, y pocas semanas antes de que los estadounidenses de todo el país acudan a las urnas en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
El Congreso promulgó por primera vez la prohibición de presencia de personal federal armado en los centros de votación durante los últimos meses de la Guerra Civil, con el fin de proteger la libertad y equidad de los comicios frente a injerencias federales. Según la ley federal, no se puede ordenar, llevar ni mantener a personal federal armado en el lugar donde se celebra una elección, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
La denuncia alega que la nueva política de la administración desafía directamente dicha prohibición al autorizar a agentes armados del ICE a ingresar a los centros de votación para tareas ordinarias de control migratorio, incluida la ejecución de órdenes judiciales y la detención de personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en Estados Unidos. Asimismo, explica que la nueva política infringe la prohibición federal contra las acciones gubernamentales arbitrarias y caprichosas.
“El derecho al voto es fundamental para nuestra democracia y, sin embargo, esta administración persiste en sus intentos incesantes de debilitar las mismas instituciones que tiene el deber de proteger”, declaró Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC. “Los resultados electorales definen el futuro de todos nosotros y, en Estados Unidos, los votantes deberían poder ejercer su derecho al voto sin temor a ser intimidados”. ...por parte de agentes armados del ICE en los centros de votación. Nos enorgullece unirnos a este litigio y luchar para proteger una libertad fundamental de Estados Unidos”.
“Desplegar agentes armados en los centros de votación es una táctica propia de dictadores, pero no permitiremos que el miedo nos impida ejercer nuestros derechos”, afirmó Virginia Kase Solomón, presidenta y directora ejecutiva de Common Cause. “Ningún estadounidense debería verse obligado a pasar junto a agentes federales armados simplemente para emitir su voto sin embargo, esta administración ha adoptado una política que permite exactamente eso. Los ciudadanos de a pie se niegan a ser silenciados por los continuos intentos de la administración de interferir en nuestras elecciones. Desde emprender acciones legales para frenar esta política hasta liderar el programa apartidista de protección electoral más grande del país, Common Cause lucha junto a los votantes para mantener nuestras elecciones libres, justas y accesibles”.
“Enviar agentes armados del ICE a los centros de votación no es una medida de control migratorio: es una táctica para suprimir el voto, así de simple”, declaró Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. “Todos los estadounidenses —incluidos los votantes latinos— tienen el derecho constitucional de emitir su voto sin temor a interrogatorios, detenciones o la separación de sus familias. Este caso trata de proteger a los votantes, preservar la confianza en nuestras elecciones y garantizar que todo votante elegible pueda participar sin sufrir intimidación”.
“El derecho al voto, y a ejercerlo sin temor a intimidaciones, es fundamental para nuestra democracia y para la identidad estadounidense”, señaló el alcalde de Denver, Mike Johnston. “El despliegue de agentes del ICE cerca de los centros de votación solo busca atemorizar a la gente y suprimir votos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para impedirlo”.
“Nuestro derecho al voto es poderoso y está consagrado en la Constitución y en el Código de los Estados Unidos”, afirmó Paul López, secretario y registrador de Denver. “Denver está a la vanguardia de la democracia y protegeremos con absoluta firmeza nuestras elecciones libres y justas frente a cualquier intento de intimidación o injerencia federal”.
El anuncio de la administración se produce tras meses de acciones que, según la demanda, constituyen una política de autorización para que los agentes del ICE ingresen a los centros de votación, y que demuestran un esfuerzo creciente por involucrar a las fuerzas federales de control migratorio en el proceso electoral. A principios de este año, altos funcionarios de la administración cuestionaron públicamente por qué no se debería enviar a agentes del ICE a los centros de votación el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó directrices de larga data que explicaban las restricciones a las actividades de las fuerzas del orden federales en dichos centros y agentes del ICE llevaron a cabo operaciones de control en centros de votación activos en Texas y Nueva York.
La demanda solicita al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que declare ilegal la política relativa a los centros de votación y que impida a la administración implementarla, incluso prohibiendo a los agentes federales acudir a estos lugares con fines distintos a repeler a enemigos armados de los Estados Unidos.
El caso se titula “League of United Latin American Citizens v. U.S. Department of Homeland Security, et al.”, y los demandantes están representados por las organizaciones Democracy Forward y Public Rights Project.
Fuente: UnidosUS
